Expertos: El aparato de Estado presiona por varios frentes para defender la opacidad

Con los días contados para que el Senado de la República apruebe la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en vísperas de que la Cámara de Diputados discuta la reforma constitucional que creará el Sistema Nacional Anticorrupción, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas se encuentra en el epicentro de la agenda nacional.

Sin embargo, mientras que en los discursos se habla de esfuerzos en favor de la transparencia, dentro de algunas instituciones las acciones avanzan en dirección contraria. Y esto evidencia un afán de mantener el statu quo y, en consecuencia, de convertir esos esfuerzos en una mera simulación, consideraron especialistas en el tema de transparencia y rendición de cuentas consultados por SinEmbargo.

Los analistas dicen que, en todos los frentes, tanto el Gobierno federal como su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), sostienen una batalla contra la oposición y/o la sociedad civil para mantener la opacidad. El patrimonio del Presidente, dicen como ejemplo, sigue sin ser claro a pesar de los escándalos; en el Senado, Los Pinos intenta aplicar 80 cambios a la Ley de Transparencia para nublar ciertas áreas. Y el gran ejemplo, dicen, es la Secretaría de la Función Pública, que estuvo vacía durante más de dos años y ahora es ocupada por un incondicional de los dos personajes más cuestionados en México y el extranjero: Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, y el mismo Presidente. Los dos protagonizan, desde el año pasado, un escándalo por las mansiones adquiridas a constructoras que fueron beneficiadas en sus gobiernos.

Guillermo Noriega, coordinador del Colectivo por la Transparencia (que agrupa a organizaciones civiles defensoras de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas) y fundador y presidente de la asociación Sonora Ciudadana, afirma que es normal que en una democracia existan tensiones entre quienes pugnan por una mayor transparencia y quienes se resisten a ello y luchan porque persista el statu quo.

“Es hasta cierto sentido normal en cualquier democracia, lo que no es normal es que haya estos defensores del statu quo que se pongan máscaras de institucionalidad”, planteó. “Es decir, lo que no se vale en una democracia es que los actores simulen o no den la cara o no haya rendición de cuentas en sus posiciones. Si ellos consideran que mantener el statu quo o regresar al pasado antidemocrático es más conveniente, que lo defiendan de manera abierta y directa”.

El ejemplo más notorio de esta tensión ha sido la discusión en torno al dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por los cambios que Senadores priistas y ecologistas propusieron a la iniciativa original, presentada el pasado diciembre por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai) y organizaciones civiles.

Legisladores de oposición han señalado que las modificaciones propuestas son regresiones en la materia y que generarían más opacidad, además de que han acusado que son promovidas por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, al frente de la cual está Humberto Castillejos Cervantes.

Entre los cambios atribuidos a la Consejería, y por ende al Ejecutivo Federal, que se advierten como riesgosos está la posibilidad de reservar la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, contrario a lo que se permite actualmente; eximir de la obligación de establecer comités de transparencia a organismos de seguridad; eliminar la obligación de publicar la información sobre las remuneraciones de los servidores públicos; poder justificar la inexistencia de información con sólo explicar por qué no se ejercieron las facultades y competencias, lo que podría generar un incentivo para negar información por negligencia; o limitar la posibilidad de que el Ifai sancione a los entes públicos que no cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia.

En opinión de Noriega, en este caso sí se delinea “una política oficial bastante consolidada de Presidencia de la República para limitar, para regresar a un centralismo […]. Sí se ve muy claro el avance de la reforma constitucional [en] el discurso, pero a la hora de la hora los agentes del Estado mexicano, como Humberto Castillejos, se van directamente a cabildear en contra de la misma Ley de Transparencia”.

Eduardo Bojórquez, director de la organización Transparencia Mexicana, atribuyó estas tensiones o contradicciones al hecho de que nos encontramos en medio de un cambio de paradigma respecto a la rendición de cuentas y los sistemas de control y fiscalización.

“Es un cambio de paradigma enorme. Por supuesto hay resistencias de quienes viven cómodos en el status quo, pero sobre todo yo creo que la inercia más grande es cognitiva, es cómo veíamos al país y cómo pensábamos que  necesitábamos una pieza de muchas piezas que se coordinen”, expone.

Para la investigadora Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del universitario Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, se trata más bien del resultado previsible de forjar una “transparencia para las relaciones públicas”.

La integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) planteó, para su análisis, tres vertientes de la transparencia: la de relaciones públicas, la burocrática y la democrática expansiva.

De acuerdo con Sandoval, la primera es una “transparencia simuladora”, a la que han recurrido los actores políticos de todos los partidos, mientras que la segunda es la que han empujado formalmente las instituciones en México. La tercera ha quedado entrampada por las otras dos.

La investigadora consideró que desde los gobiernos de la llamada transición, cuando se le dio empuje a la institucionalización del sistema de transparencia y rendición de cuentas, el tema se ha supeditado a los proyectos políticos en turno, que han sido opacos y corrompidos. Mas en el régimen actual, considera, la simulación ya ha llegado a “niveles oprobiosos”.

SIMULACIÓN, “LA MARCA DE LA CASA”

Noriega señaló que la simulación en temas de transparencia y rendición de cuentas no es exclusiva de un poder o dependencia, sino que pareciera ser la forma de actuar del gobierno actual.

“Es una política general de simulación, es la marca de la casa esta simulación como cultura nacional y eso, institucionalizado, llevado a los gobiernos, es terrible”, consideró.

El pasado 3 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública, tras más de dos años de mantener dicha dependencia acéfala, con el pretexto de una reforma anticorrupción que apenas está por debatirse. En noviembre del año pasado, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de frenar los esfuerzos por llevar avante dicha reforma.

El nombramiento de Andrade como contralor del Ejecutivo federal se dio a más de dos meses de haberse publicado la investigación periodística sobre la llamada “casa blanca”, que develó el posible conflicto de interés del Presidente Enrique Peña Nieto y el empresario y contratista del gobierno Juan Armando Hinojosa Cantú, y posteriores revelaciones periodísticas que involucraban a la esposa del Presidente, Angélica Rivera y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray caso.

La encomienda prioritaria de Andrade sería investigar si hubo conflicto de interés con dos contratistas del gobierno federal.

Pero no habían pasado ni 24 horas del anuncio presidencia cuando el nombramiento ya era cuestionado por la paradoja que suponía: el nuevo empleado del gobierno federal investigaría a aquél a quien debía el cargo. Una paradoja que incluso podía suponer un conflicto de interés.

Además se ventiló que Andrade es amigo cercano del Secretario Videgeray y que su padre, Virgilio Andrade Palacios, defendió al líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, en el escándalo de desvío de recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex) al PRI  -el llamado Pemexgate- y es asesor de Ana Paula Gérard, actual esposa del ex Presidente priista Carlos Salinas de Gortari.

El pasado 17 de febrero, la Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, aportó un dato sobre las relaciones de Andrade: su hermano Victor Manuel es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano encargado de fiscalizar la cuenta pública del gobierno federal.

A decir de la legisladora, “ambos profesionales [son] muy allegados al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari”.

Tras el nombramiento de Andrade, especialistas en transparencia consultados por SinEmbargo calificaron el hecho como un golpe al combate a la corrupción, que sepultaba las posibilidades de una comisión autónoma que investigara y sancionara las acciones corruptas de los funcionarios.

Pese a su cuestionado nombramiento, por la sujeción al Presidente y por sus vínculos con uno de los funcionarios a los que tendrá que investigar, Andrade defiende su cargo.

“He reiterado que todos los secretarios de Estado estamos sujetos a las leyes y a rendir cuentas ante el Congreso. En ese sentido, toda situación de carácter personal, o toda situación que tenga que ver con la estructura del Poder Ejecutivo queda en un segundo plano, porque la cuestión de la ley es el principal elemento que guía nuestra conducta y estamos frente a la sociedad y frente a otros poderes”, dijo a SinEmbargo en breve entrevista durante un evento en la embajada británica en México.

Sandoval señaló que, de manera general, la función de los contralores y los órganos de control ha sido “muy accidentada”. Mas en el caso del Secretario Andrade, advierte una parcialidad de parte del funcionario por sus relaciones y cercanía con el Ejecutivo federal.

EL CASO DEL INE Y EL TEPJF

Además del asunto de la ley de transparencia y el nombramiento de Andrade, la semana pasada el tema de la rendición de cuentas y la fiscalización tomó relevancia en las instancias electorales.

Por una parte, en el Instituto Nacional Electoral (INE) durante la sesión del pasado 18 de febrero, el consejero Marco Antonio Baños pidió retirar del orden del día dos asuntos relacionados con el uso imparcial de los recursos públicos y los programas sociales. Cinco consejeros apoyaron la petición de Baños, tras lo cual los representantes y consejeros legislativos de siete partidos políticos (de los 19 que tienen presencia en el INE) abandonaron la sesión para manifestar su inconformidad con tal decisión.

Se trató del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Partido Humanista y Encuentro Social.

Ese mismo día, los representantes de los partidos inconformes emitieron un comunicado conjunto en el que acusaron la existencia de “un bloque de consejeros al servicio del PRI-gobierno, que está haciendo prevalecer criterios y decisiones parciales en diversas resoluciones tanto de los comités como dentro del pleno del Instituto”.

A decir de los partidos, ese bloque tiene diversas manifestaciones y una de ellas era la Comisión de Quejas y Denuncias, “convertida en un órgano de consigna del oficialismo, donde se ha instalado la censura a contenidos de los promocionales de partidos”. A dicha Comisión atribuían la responsabilidad de permitir las campañas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que ha acumulado violaciones a la legislación electoral que van desde el gasto excesivo, la difusión de propaganda electoral revestida como informes de resultados o el uso ilegal del padrón electoral.

Los partidos inconformes también han exigido la salida de Alfredo Cristalinas de la Unidad Técnica de Fiscalización, responsable de la fiscalización de las elecciones de 2012, y a quien los partidos de izquierda han acusado de ser un operador del PRI en los casos Pemexgate y Monex,  así como en la discusión del rebase de topes de gastos de campaña en la elección de Peña Nieto.

Por otro lado, el pasado día 19, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró al PRI del caso Monex, que implicaba el uso de tarjetas prepagadas para coaccionar el voto.

Por decisión unánime, los siete magistrados concluyeron que los 66.3 millones de pesos que el PRI entrego mediante dichas tarjetas no habían sido utilizados para comprar o coaccionar el voto y que no existió un financiamiento paralelo en la campaña electoral del actual Presidente.

La resolución del TEPJF se dio tras dos años de que el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano impugnaron la resolución del extinto Instituto Federal Electoral (actual INE) que entonces exoneró al PRI y a Peña Nieto de haber incurrido en delitos electorales.

Noriega y Bojórquez coincidieron en que esta contradicción entre los discursos y la actuación de los servidores públicos dentro de las instituciones se debe a la falta de una política nacional sobre transparencia y combate a la corrupción. La creación de un Sistema Nacional Anticorrupción previsto para llevarse al Congreso esta semana, sería un paso importante para avanzar en ese tenor, consideraron.

No obstante, Noriega advirtió que el riesgo persistente es que la creación de marcos legales no se traduzca en acciones efectivas para hacer rendir cuentas a los servidores públicos y termine siendo una “simulación institucional”.

Ante ello, propuso: “Tendríamos que, a manera de receta, buscar señalar siempre estas simulaciones y estas contradicciones. Es la mejor manera de combatirlas”.

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