México no evalúa impacto de transgénicos en la salud

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La  Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha entregado sin pruebas propias de laboratorio, de 1995 a la fecha, 135 autorizaciones a trasnacionales para que sus organismos genéticamente modificados sean consumidos por la población mexicana “sin riesgos” para la salud. Entre ellos se encuentran el maíz, jitomate, papa, algodón, soya, arroz, canola, remolacha azucarera y alfalfa, desarrollados por Monsanto, Pioneer Hi-Bred, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Zeneca, Calgene, DNA Plant y AgrEvo Mexicana.

Un documento que forma parte del juicio de la demanda de acción colectiva contra el maíz transgénico

] da cuenta de la ausencia de pruebas por parte de la dependencia encargada de evaluar el riesgo sanitario de los organismos genéticamente modificados destinados al uso o consumo humano, procesamiento de alimentos, biorremediación y salud pública.

“Tomando en consideración la evaluación emitida por la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgo con relación a la documentación recibida se otorga la autorización del producto de nombre comercial MON 89034 x NK 603, nombre científico Zea mays” (sic), se lee en la Autorización Sanitaria para Comercialización e Importación de Organismos Genéticamente Modificados 093300C00045421, expedida por la Comisión de Autorización Sanitaria de la Cofepris.

Tal como indica el documento oficial, del que Contralínea posee copia, la Cofepris sólo “evalúa” los resultados de las pruebas realizadas por las trasnacionales “en un claro conflicto de interés”, subraya Adelita San Vicente, directora de la Fundación Semillas de Vida.

“El panorama es muy pobre en cuanto a las capacidades del gobierno mexicano. No hay protocolos reales para evaluar el riesgo de estos productos. Se hacen análisis de escritorio, sobre el papel”, refiere en entrevista José Antonio Serratos Hernández, experto en bioseguridad.

El también miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), asesor de Greenpeace y profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México explica que la ausencia de exámenes no es un problema único de México, sino una deficiencia a nivel internacional.

Según el portal de internet del órgano, la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, realiza la evaluación de los estudios que elaboran y presentan los interesados (trasnacionales) sobre inocuidad y los posibles riesgos de los organismos genéticamente modificados.

Ello, en los términos del título quinto de la Ley de Bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, su Reglamento y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad sanitaria para el Procedimiento para la Evaluación de Inocuidad de Organismos Genéticamente Modificados, destinados al uso o consumo humano, procesamiento de alimentos, biorremediación y salud pública.

Para obtener una autorización de alguno de los transgénicos a los que se refieren los artículos 91 al 98 de la Ley de Bioseguridad de OGM ?los que se destinen a su uso o consumo humano, incluyendo granos; los que se destinen al procesamiento de alimentos para consumo humano; los que tengan finalidades de salud pública, y los que se destinen a la biorremediación? deberán presentar ante la Cofepris una solicitud por escrito, acompañada de la información a que se refieren los artículos 23 al 32 del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de OGM.

El proceso de evaluación de riesgos para la aprobación y registro de OGM para consumo humano y animal inicia una vez que la Cofepris recibe, por parte de las empresas desarrolladoras de OGM, la solicitud de autorización, materiales de referencia y la información científica que compruebe la inocuidad del producto.

Piden organizaciones evaluar transgénicos

Ni la información entregada por las trasnacionales a la autoridad en la materia ni los resultados de la evaluación son de carácter público.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) se pronunció al respecto: “…Hasta donde sabemos los resultados no son públicos, por lo que en opinión de esta Comisión Nacional es imposible pretender que diferentes sectores de la sociedad sean partícipes de la consulta pública a la que invita la autoridad competente, y que le marca la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados [LBOGM] como obligatoria si no se brindan los elementos mínimos necesarios para verter una opinión informada, al no haber acceso a la información resultante de las liberaciones previas”.

La Red en Defensa del Maíz, la Vía Campesina, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Greenpeace, el Grupo ETC, el Grupo de Estudios Ambientales, la Asamblea de Afectados Ambientales, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Green, El Poder del Consumidor y Al Consumidor son algunas organizaciones que de manera enérgica exigen al gobierno mexicano promover exhaustivas, transparentes y públicas pruebas de riesgo para la salud y el ambiente, así como promover la revisión de las líneas transgénicas que se solicita plantar y del proceso regulatorio que ha llevado a su aprobación.

Denuncian que en México no se ha hecho un solo estudio para saber si hay daños a la salud por el consumo de ningún tipo de transgénico.

Respecto del tema, Antonio Turrent Fernández –integrante del Consejo Directivo de la UCCS e investigador nacional emérito– se pregunta por qué el gobierno no hace una convocatoria a investigadores nacionales sin conflictos de interés para que investiguen, en vez de aprobar de facto. “No lo quieren hacer. Idealmente tendrían que hacerse experimentos de cada línea aprobada. Son estudios costosos, pero desde el punto de vista de un gobierno que está velando por la salud de los ciudadanos, lo tendría que hacer: 112 millones de habitantes tenemos derecho a que gasten 50 millones de pesos en nuestra salud. Que fueran 100 o 500 millones de pesos tendría sentido; se gastó más en la Estela de Luz de la corrupción…”.

Autorización “inocua”

En junio de 2002, la Cofepris –órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud– autorizó para consumo humano el maíz MON-00603-6, también conocido como MON 603, propiedad de Monsanto.

El gen 603, presente en el gen del maíz MON-00603-6, es objeto del escrutinio científico mundial.

El 19 de septiembre de 2012, el Comité para la Investigación e Información Independiente sobre Ingeniería Genética (CRIIGEN, por su sigla en francés) presentó, en conferencia de prensa en Londres, Inglaterra, los resultados de una investigación encabezada por el biólogo molecular Gilles-Éric Séralini, profesor de la francesa Universidad de Caen.

De 2009 a 2011, un equipo de científicos alimentó a 200 ratas con NK603, maíz genéticamente modificado para desarrollar resistencia al glifosato, principio activo de Roundup –el herbicida más vendido de Monsanto y cuya patente expiró en 2000– con maíz NK603 tratado con Roundup, con maíz no modificado, y con agua mezclada con glifosato Roundup.

Los resultados, publicados en el nivel internacional por la revista Food and Chemical Toxicology, revelaron que los animales sufrieron muerte prematura, desarrollaron tumores y problemas hepatorrenales graves.
Elva Mendoza, @elva_contra

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