Tamaulipas ante los impactos socioambientales del fracking

Por Eurístides De la Cruz
Ante la alerta de daños socioambientales en México, a causa de la implementación de la fractura hidráulica (fracking) como técnica de extracción de gas y petróleo, los gobiernos han callado con firme complicidad, justo como hicieron al consentir la polémica reforma energética en la cual se anunciaba ya el extractivismo de muerte y destrucción ecológica a cargo del mismo PEMEX y empresas trasnacionales dedicadas al negocio de hidrocarburos.

El fracking o fractura hidráulica, consiste en la perforación vertical de pozos para extraer petróleo o gas natural atrapado en formaciones rocosas poco permeable, para lograrlo se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos a los poros. Sobre dicho proceso, se ha ocultado valiosa información de los impactos socioambientales en los territorios donde se lleva a cabo, aunado a que no se cuenta con la consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas.

Al territorio que comprende el estado de Tamaulipas, rico en recursos energéticos, ya de por sí acechado por la inseguridad y las violaciones a derechos humanos que conlleva la militarización y la guerra entre grupos delictivos, se suma el fracking como un problema de consecuencias irreversibles. Junto a los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Puebla y Oaxaca, Tamaulipas representa uno de los lugares más codiciados para el lucrativo negocio energético en México, siendo la región denominada Cuenca de Burgos la más explotada, y que involucra 19 municipios de los 43 en el estado.

En las zonas donde se ejecuta el fracking, ya se hacen notar los negativos efectos socioambientales, tal es el caso de las comunidades agrícolas Ejido Santa Gertrudis y El Cortineño, ubicados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, ahí se encuentra el complejo petrolero Los Nejos, de donde se extraen millones de litros de derivados del petróleo. Las afectaciones del fracking a éstas comunidades, se reflejan en 200 hectáreas agrícolas improductivas desde hace más de 2 años, además de perjuicios a la flora y fauna como consecuencia de la explosión del pozo 53 en diciembre de 2014; la Central Campesina Cardenista ha decidido emprender acciones legales pues la economía de las comunidades se ve permeada, ya que dependen directamente de la agricultura, como gran parte de la población tamaulipeca.

Además de la agricultura, la pesca y la ganadería como actividades económicas principales de Tamaulipas, enfrentan el riesgo de daños irreparables por causa de la fractura hidráulica, debido a que la contaminación de fuentes de agua es una de sus consecuencias fatales, ya que una inyección a pozo para extracción contiene más de 700 productos químicos distintos, entre ellos sustancias tóxicas como metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno; también se ha alertado de la presencia de materiales radioactivos en el agua de retorno, como el radón, proveniente del subsuelo.

El agua, fundamental para el desarrollo de actividades económicas de las que depende la alimentación y los ecosistemas, enfrenta una amenaza irremediable, de efectos inmediatos en la salud, aumentando el riesgo de cáncer y mutaciones, afectaciones al sistema endocrino, alergias y daños al sistema nervioso; además, expertos alertan de que los habitantes cercanos a pozos tienen 66% de probabilidades de padecer cáncer asociado a la contaminación atmosférica.

Los sismos y fallas geológicas en regiones sin actividad sísmica histórica son otro resultante de la práctica fracking, en los últimos años, Tamaulipas no ha sido la excepción ante tales consecuencias, tan sólo durante el año 2015 se registraron 12 sismos ocurridos en 4 municipios: San Fernando, Miguel Alemán, Mante y Ciudad Victoria.

El fracking es un alarmante problema socioambiental que no es atendido en la agenda del poder tamaulipeco, resulta evidente la permanencia de un pacto de complicidad por parte de las autoridades estatales y municipales, tal como el problema de la inseguridad que tanto daño ha causado a la sociedad tamaulipeca, y la respuesta oficial no pasa de la indiferencia y absurdos optimismos retóricos. Todos estos conflictos anuncian desenlaces catastróficos y peor aún, irreversibles que se añaden a la profunda crisis de derechos humanos en el estado, que se perpetuan con la desinformación, la corrupción y la violencia, aliadas perfectas que confirman lo que tanto se ha dicho: Tamaulipas no se arregla porque es un botín de guerra.

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