No se resiste a la opresión sin otros que lo hagan contigo: Atenco, 10 años

Eliana Gilet

Es el segundo día de festejo, aunque esa no sea probablemente la palabra más adecuada.

Hace diez años, las callecitas finas y bajas de San Salvador Atenco se llenaron con el golpe seco de 7mil pares de botas. Iban calzadas por efectivos de las distintas Policías y también del Ejército. Botas que controlaron durante dos días el ritmo del lugar y sobre todo, la vida de sus pobladores.

Un estado de sitio, siguiendo en la línea de las palabras adecuadas.

La justicia local no avanzó prácticamente en las denuncias de tortura sexual que le hicieron llegar 27 mujeres detenidas durante esos días, pero sí lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que lo sucedido en Atenco fue una violación grave a los Derechos Humanos. Un crimen del Estado mexicano. Otro.

Para cuando se celebró la audiencia del ‘Caso Atenco’ en Washington, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ya había cerrado sus expedientes, mandándolos a juntar polvo hasta que surgiera nueva evidencia para el caso de las mujeres.

El que no han cerrado, en cambio, es el proceso penal que le abrieron a las 207 personas que fueron detenidas durante los dos días. Los últimos tres presos políticos de Atenco fueron liberados en julio del 2010, tras 4 años recluidos, y gracias a un amparo de la Suprema Corte de Justicia. Los tres, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización comunitaria que fundaron para resistir al proyecto de un Nuevo Aeropuerto para la Ciudad de México en sus tierras ejidales. La represión se desató ante la negativa de los campesinos de irse de ahí.

“Seguimos siendo citados a audiencias, nos cambian los jueces. Para nosotros no hay reforma de la justicia que valga. Quien tiene que ser juzgado es Enrique Peña Nieto, que fue quien dio la orden de que nos torturaran”. Paliacate rojo al cuello y sombrero de ala ancha para soportar el sol caliente de las tierras del Estado de México, Magdaleno Morales sostiene un cartel blanco con letras rojas delineadas a mano: “somos los sobrevivientes de la tortura, casos 3 y 4”

“La pregunta no es de qué nos acusaron, sino de qué no nos acusaron. De que estábamos cortando las vías en un punto y a los minutos en otro punto, ¡ni que fuéramos Súperman! De que cortamos carreteras, de que echamos pleito. Nos acusan de delincuencia organizada”

Suena demencial esa acusación sobre las espaldas de este campesino, teniendo en cuenta que proviene de la justicia mexicana.

En el año 2006, Enrique Peña Nieto, actual presidente de la República, se desempeñaba como gobernador del Estado de México. Atenco es uno de los municipios ubicado al oriente de este estado. Hay otros dos nombres que los vecinos no olvidan desde ese día y son el de Wilfrido Robledo Madrid, entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal, encargado del operativo represivo; y el de Nazario Gutiérrez Martínez, que entonces fungía como Presidente Municipal Interino de Texcoco, municipio vecino cuyas fuerzas policiales se sumaron a la represión. Ambos mantienen cargos en sus respectivas corporaciones.

En la mañana de este miércoles 4 de Abril, una brisita cálida transporta en sus hondas la misa amplificada por unos parlantes ubicados en la puerta de la Iglesia del pueblo.

Varias patrullas municipales de Atenco pasean alrededor de la Plaza, con unos 20 niños en las cajas de las camionetas. No, no están detenidos. Visten unas playeras que en la espalda aclaran que son “policías por un día”.

La marcha se arma una vez que llega la gente de los otros pueblos que integran el Frente: San Miguel Tocuila, San Cristóbal Nezquipayac, San Francisco Acuexcomac. Todos vecinos. Todos presentes en el 2006, aunque no sólo ellos. Esa noche, la violencia estaba en el aire y la amenaza de una intromisión militar al pueblo de callecitas finas y bajas era latente. “Cientos de adherentes a la Otra Campaña, previo consenso, nos trasladamos a San Salvador Atenco, para evitar la represión a esta organización fraterna. Después de estar concentrados en la Universidad de Chapingo, nos trasladamos en horas de la madrugada, en dónde pasamos lista de presentes y se nos encomendó reforzar una de las trincheras principales de acceso al pueblo, por donde se presumía entrarían los represores militares. La suerte estaba echada.” *

Entre ellos iba Ollin Alexis Benhumea Hernández: “de 20 años, adherente a la Otra Campaña y militante de su Sector de Trabajadores, luchador anticapitalista, estudioso y amante de la historia, conocedor de la lengua rusa, sensible artista ejecutante de danza”, resistió su cuerpo a la muerte de su cerebro durante 34 días, después de que una bomba lacrimógena lanzada por los militares le estallara en la cabeza, en la madrugada del 3 de Mayo.

Los compañeros que estaban con él encontraron refugio en la puerta abierta de un vecino del pueblo. Allí fue la primera parada de la marcha: “Alexis no murió, el gobierno lo mató. Nosotros informamos a las fuerzas que había un herido de gravedad y no dejaron pasar a las ambulancias. El pueblo estaba sitiado por los cuerpos policíacos, estaban en todos lados. No podíamos salir de aquí, a pedir ayuda. Y sabíamos que si se lo llevaban, si nos quitaban su cuerpo, jamás lo íbamos a volver a ver.”

Doce horas más tarde, fue trasladado al Hospital Ignacio Zaragoza del ISSTE, el sistema público, ubicado en la Ciudad de México.

“Entonces entró la fuerza a este lugar y sacó a los compañeros que estaban refugiados en la parte alta  del taller.”

La marcha le rindió una ofrenda, entonces salió a la ruta y en el altar construido en el lugar en dónde fue herido, en la entrada principal del Pueblo, le dejaron una corona hecha con las flores que han sembrado, mientras los estudiantes de la Normal rural de Tenería, entonaban sus cánticos a coro, en perfecta formación, sosteniendo su bandera que no flamea, sino que va extendida al frente: “¡Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta!”. Alexis murió el 7 de junio de 2006.

Las manías del PRI o cómo se desarticula un pueblo

Las heridas de la represión en carne viva, decenas de personas en la trena, violencia sexual usada como arma de guerra contra las prisioneras. Y el conflicto que por lo bajo, latía. Entonces, empezaron a apelar al miedo que habían sembrado a golpes.

“En los años posteriores, con los principales referentes del Frente en la cárcel y mucha gente que se fue, los rumores que circulaban por los pueblos era que todos ya habían vendido, que ya no tenía caso que la gente siguiera negándose, porque lo único que buscaban los que no estaban era su bienestar personal, oponiéndose al progreso. Fueron sembrando la idea de que lo que había que hacer era dividir el terreno común del ejido, e instaurar la propiedad privada” Pedro es un aguzado joven que continúa el relato, vecino de La Magdalena, el municipio de junto. Pero hay más: “La idea que permeó fue que la lucha no valía tanto la pena, por el riesgo que implicaba. Estos pueblos tienen un esquema de familia bastante tradicional, en dónde la voz del padre es lo que pesa. Y ellos tenían en mente que el riesgo llegaba hasta las mujeres, a sus esposas y sus hijas, por los ataques sexuales que los policías cometieron contra las detenidas esos días. Entonces aceptaron que lo mejor era ya no meterse y eso le dijeron a sus hijos.”

La embestida privatizadora tomó forma hace dos años, cuando Andrés Ruíz Méndez, de filiación priista, asumió como comisario ejidal. En una asamblea turbia, en Mayo de 2014, pretendió materializar lo que los rumores habían estado preparando: que la asamblea ejidal aprobara la figura del “dominio pleno”, desarmando el núcleo ejidal, para convertir tierras de vocación agrícola en propiedad privada, susceptible de venderse. El intento fue abortado por el Frente de Pueblos en la justicia, que por medio de una suspensión definitiva invalidó la asamblea que permitió el cambio de uso de suelo arriba mencionado. Ahora, Andrés Ruíz Martínez asumió como presidente municipal de Atenco, electo por el PRI, hasta 2018.

Meses después del intento privatizador de la tierra comunal, Enrique Peña Nieto anunció en Setiembre de 2014, que reavivaba el proyecto de construir un Nuevo Aeropuerto para la Ciudad de México, en la zona del ex Vaso de Texcoco. Era el gobierno federal el que pretendía ser el comprador de las tierras ejidales, una vez que lograran privatizarlas. En juego están, desde entonces, casi 2 mil hectáreas de ejidos de Santa Isabel Ixtapa, Nexquipáyac, Acuexcómac, Atenco, San Bernardino, Tocuila, Texcoco y Chimalhuacán.

Ante el fracaso de torcer a la autoridad ejidal, el gobierno federal echó mano a otro actor. La Comisión Nacional del Agua venía comprando terrenos de esos ejidos, con la pretensión de construir “una zona de mitigación y rescate ecológico del Lago de Texcoco”. La información sobre esas compras estuvo resguardada durante 7 años, “por motivos de seguridad nacional”, según reveló el diario La Jornada, en 2010.

Claro que la Zona Ecológica corresponde al lugar en dónde se proyecta el Aeropuerto anunciado por Peña Nieto. “El proyecto es un dolor de cabeza por dónde se lo mire” ya que no sólo está trazado sobre una de las áreas del Valle de México que más rápido se hunde, – entre 30 y 40 centímetros al año – sino sobre la única que representa una esperanza para el acceso futuro al agua potable de la población que habita la Ciudad de México y el Estado ídem.

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