No somos las violadas de Atenco sino luchadoras sociales en búsqueda de justicia” Claudia Hernández

Yunuhen Rangel

 “Justicia es una palabra que se dice con pocas letras pero que alberga una enorme idea”, dijo Bárbara Italia Méndez, también denunciante, quien reconoció que ha sido una “lucha de largo aliento”, y que por ello recibieron la noticia, “con júbilo”, porque seguró: “no queremos que el cuerpo de las mujeres se siga usando para enviar un mensaje aterrador que amenace y amedrente a los movimientos sociales y a la sociedad”.

“Nuestro mensaje es claro y modesto: Los mentirosos y asesinos son ustedes”, agregó Méndez, quien abundó en que el “logro obtenido”, es “justicia para la transgresión, rebeldía y triunfo de un pueblo que defendió su forma de vida en 2002”, dijo que se trata de una lucha “por todas y para que el gobierno entienda que debe detenerse”, advirtió.

“Hoy le respondemos al Estado mexicano que es él, el culpable de las violaciones en Atenco, es él el que miente”, agregó al recordar las palabras que Wilfrido Robledo, entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), les dijo: “son unas mentirosas, fue su culpa por no quedarse en su casa haciendo tortillas”, y que se suman, dijo, a las violaciones que quienes participaron en el operativo encabezado por Robledo, cometieron en 2006 contra más de 40 mujeres.

Se trata del tercero de ocho casos que son revisados por la CoIDH para condenar al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos que refieren tortura sexual, señalaron Marcía Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y Santiago Aguirre, Subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), organizaciones que acompañan jurídicamente el caso.

Aguirre detalló, que la llegada de ocho casos a la CoIDH, es una prueba de que en México prevalece la impunidad, y que la atención del caso puede “abonar a la no repetición de casos como este”. Stephanie Erin, del área internacional del Prodh,  recordó que las recomendaciones y sentencias emitidas por la Corte son “vinculantes”, es decir obligatorias para el Estado mexicano, por lo que “confían”, dijo, en que las argumentaciones sean tomadas en cuenta para: “esclarecer y castigar a los culpables”, ya que aseguró que hasta hoy “no hay una sola persona sancionada efectivamente”.

Erin detalló que entre las violaciones a derechos humanos, cometitas por el Estado mexicano, que serán revisadas por la corte están: la violación al derecho a la libertad personal, ya que fueron detenidas, dijo, “de forma ilegal y arbitraria; el derecho a la integridad física, psicológica y sexual que “fue vulnerada en varios momentos”; el derecho a un debido proceso y la tortura sexual que será revisada a la luz de tratados internacionales que defienden el derecho a la “igualdad de protección”, y a la no violencia ni discriminación contra las mujeres como la Convención Belem Do Pará.

Patricia Torres, otra de las once mujeres que denunciaron tortura sexual en Atenco y Texcoco en mayo de 2006, dijo que pesar de estos 10 años, en los que “le fue arrebatado su sueño”, ella sigue “viva para alzar la voz y desmentir a Enrique Peña Nieto”, al referirse a las declaraciones hechas por el entonces era gobernador del estado, en la que aseguro Torres, les dijo que: “sólo se habían aprendido el manualito”.

Finalmente, en conferencia de prensa para anunciar la llegada del caso a la CoIDH, Aguirre señaló que “este triunfo es producto de la lucha incansable de las mujeres víctimas y que al centro de ello esta su palabra y su dignidad”.

Este caso se dio el 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, Estado de México, dónde  policías municipales, estatales y federales, que tenían la consigna de detener una movilización social que se gestaba en dicho lugar y en el Valle de Texcoco, violentaron a la población civil.

El resultado de esto fue un joven asesinado, personas golpeadas, presos y  más de 40 mujeres, entre ellas las once mujeres que demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace diez años, al Estado mexicano, por violencia y tortura sexual. Este año, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte, ante el no cumplimiento de sus recomendaciones por parte del gobierno de México.

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