Autorizan siembra de transgénicos en 15 millones de hectáreas

Érika Ramírez

Monsanto, la empresa más importante en la generación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el mundo, acapara los permisos de siembra de transgénicos en México, con más de 5 millones de hectáreas, de las 15 millones 372 mil 864 en las que se permite la siembra de transgénicos.

Es a través de 831 permisos, otorgados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences, PHI y Syngenta siembran transgénicos en territorio nacional.

En octubre pasado, Monsanto fue llevada a juicio en La Haya, Holanda, donde defensores del medio ambiente y derechos humanos, científicos, abogados, campesinos, apicultores e integrantes de la sociedad civil de diversos países se dieron cita para denunciar las afectaciones que ha dejado la estadunidense en su entorno.

El dictamen, que se dará el próximo 10 de diciembre, se basa en la acusación de que “el modelo agroindustrial impulsado por Monsanto es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana. También es en gran parte responsable del desgaste de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y de la marginación de millones de pequeños agricultores”; además de vulnerar la soberanía alimentaria de los países en los que está presente, informó el diario argentino La Capital.

Claudia Gómez Godoy, abogada ganadora de la Medalla Emilio Krieger 2016 por su trabajo de defensoría de los derechos humanos, fue una de las ponentes en el tribunal internacional.

En su discurso, Gómez Godoy dijo: que la Organización de las Naciones Unidas ha aprobado los principios rectores que consagran la responsabilidad de las empresas y los derechos humanos; estos principios, si bien no tienen un carácter vinculante, sí están obligadas a cumplirlos, porque se vinculan con otros tratados como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Convenios Internacionales del Trabajo y la Convención Nacional y la Convención sobre diversidad Biológica, entre otros.

“Los principios rectores se centran en tres pilares fundamentales; el primero, es deber del Estado de proteger los derechos humanos; el segundo, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y, el tercero, mejorar el acceso de las vías de reparación de las víctimas en abusos relacionados con las empresas, estos tres pilares se estructuran bajo el marco de proteger, respetar y remediar”, expuso.

En el caso de la empresa Monsanto, dice la abogada y defensora de derechos humanos, de acuerdo con los principios se indica que las empresas deben abstenerse de infringir los derechos humanos por ellos o por terceros y hacer frente a las consecuencias negativas; deben evitar a toda costa violar derechos humanos y deben prevenir y mitigar las consecuencias negativas en los derechos humanos de sus operaciones, de sus productos y de sus servicios. Para eso, las empresas deben hacer tres cosas: un compromiso político, una diligencia de vida y la tercera reparar las consecuencias negativas cuando violen derechos humanos.

Monsanto “tiene que hacer una evaluación del impacto real de sus actividades, para ello, debe consultar con expertos pero también con las víctimas; es muy importante que involucren a los pueblos afectados, algo que no ha sucedido”, comentó Gómez Godoy.

Transgénicos en México

Es en 2005, bajo la administración panista Vicente Fox Quesada, cuando se inicia el registro de 54 solicitudes para liberar al ambiente organismos genéticamente modificados dentro del territorio nacional, a través del documento Solicitudesde Permisos de Liberación al Ambiente de Organismos Genéticamente Modificados – 2005, del Senasica.

Un año antes de que concluyera el mandato de Fox, identificado como un régimen de derecha que beneficia principalmente al sector empresarial, las trasnacionales Monsanto, Bayer, Dow AgroSciences, PHI y Syngenta mostraron su interés para la siembra de algodón, soya, alfalfa y maíz.

Con el transcurrir de los 2 sexenios panistas y los cuatro años de Enrique Peña Nieto, se alcanzaron los 831 permisos para sembrar transgénicos y con ellos también aumentó el rechazo de organizaciones campesinas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos y científicos, que han llegado hasta el tribunal de La Haya.

Documentos oficiales indican que la empresa originaria ha marcado presencia en 25 estados de la República: Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Otras trasnacionales han entrado al territorio mexicano, según documenta el Senasica, no obstante, se observa que las mismas empresas utilizan las patentes de Monsanto. Ejemplo de ello: MON-88913-8 x MON-15985-7, resistente a insectos lepidópteros y tolerante al herbicida glifosato, utilizada por Bayer.

Campesinos acuden ante la SCJN

Actualmente, Monsanto tiene permiso para sembrar sobre 5 millones 552 mil 584 hectáreas, correspondientes a 268 solicitudes tramitadas ante las autoridades mexicanas. Los registros utilizados son Monsanto Comercial y Semillas y Agroproductos Monsanto. Otras 85 solicitudes que corresponden a esta compañía no tienen el registro de las hectáreas que afectan.

Entre los espacios cercanos a la influencia de Monsanto se encuentra el municipio de Bacalar, en Quintana Roo, donde los campesinos (milperos) se han organizado legal y activamente para evitar que Monsanto dañe sus tierras.

Armando May, originario del municipio de Bacalar, es uno de los que han llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición de que Monsanto salga del territorio. “Hay un gran problema en nuestro territorio, porque sabemos que donde llegan los transgénicos hay riesgo de deforestación y contaminación del agua, de la salud, del medio ambiente y la alimentación”, dice el campesino representante de la organización Colectivo de Semillas, dedicada a la protección de semillas nativas de México.

José Manuel de Jesús Puc es milpero, y para él no hay mejor argumento para presentarse ante la SCJN que la defensa del territorio, “se detectó que hay siembra de semillas transgénicas. Nosotros estamos en contra de ese permiso otorgado a Monsanto, por lo que demandamos a través de un juicio de amparo la suspensión”.

El permiso fue otorgado a Monsanto en 2012, sin que los lugareños supieran de él. Fue dos años más tarde que se enteraron de que Senasica había permitido la entrada de Monsanto a la zona. “Estamos defendiendo el territorio; en el municipio de Bacalar hay 57 comunidades, casi todas indígenas, hablantes mayas. Algo muy grave es que mucha gente de las comunidades no conocemos lo que son los derechos que hay en Constitución, y por eso las empresas entran a nuestras tierras sin pedir permiso”, comenta.

—¿Cómo vive la gente en Bacalar?

—La gente trabaja la milpa, somos campesinos, milperos, apicultores. Trabajamos la milpa tradicionalmente, cuando vemos que la tierra ya se cansó, la dejamos descansar. Con la entrada de los transgénicos hay devastación. Nosotros, no usamos pesticidas porque la madre tierra tiene mucha fertilidad, con eso es suficiente para que se desarrolle el cultivo del maíz y para que tenga otros nutrientes. También sembramos frijol, calabaza, yuca, camote, sandía criolla. Así se vive, se come sanamente. Lo que nos está afectando es la entrada de algo que no es nuestro.

La defensa

Para llevar el amparo ante el máximo tribunal de justicia del país, Raymundo Espinoza, colaborador de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y de la Red en Defensa del Maíz, comenta que el otorgamiento de este tipo de permisos tiene como fundamento la Ley de Bioseguridad. En ella, añade, hay un momento en donde las comunidades pueden participar, pero esa participación es ficticia porque no tienen ningún efecto. “La gente participó y no pasó nada”, dice.

En segundo lugar, comenta el abogado, las autoridades municipales y del estado, “muy poco tienen que ver, porque no es un asunto de su competencia, ellos podrían, si tuviesen la convicción de oponerse, hacer gestiones para una declaración de la zona como libre de transgénicos; sin embargo, lamentablemente ni los políticos en campaña ni los que participan en la región lo han hecho, no han tenido esa voluntad.

“Todo el trabajo de oposición a este tipo de proyectos lo han tenido que realizar las comunidades, con trabajo de información, concientización, organización, y una de las vertientes del trabajo han sido las jurídicas; lo que procedía en este caso era una demanda de amparo”, expone el abogado de los campesinos de Bacalar.

Érika Ramírez

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