La corrupción de los expresidentes también atiza el descontento social

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En un país con montañas de legislación que ni los expertos conocen, salvo algún despacho de abogados, Peña y sus coros festejan las primeras leyes sobre cómo sancionar a los benignamente llamados: corruptos; aunque el adjetivo que se han ganado a pulso es: rateros a la sombra de la impunidad. Pues detrás de la opacidad de sus cargos en el poder público, sustraen dinero del pueblo, cobran sobornos a los empresarios y hacen negocios directamente o a través de sus amigos-cómplices y familiares, mostrándonos sus millonarias fortunas que no pueden resultar de su sueldo, por más que ahorren. Y hacen como el diputado aquél que, al recibir su quincena, el pagador le dijo: “cuéntelo”, a lo que respondió: “todo es ganancia”, embolsándose el dinero. Pero existe una corrupción no contemplada en esas leyes: la de los expresidentes (y sus viudas): desde Echeverría, y en tanto llegue o no a su final sexenal, también Peña.

Y es que todos ellos reciben una millonaria pensión, militares para su guardia pretoriana, gastos de oficina y otros dineros con cargo al erario público. Sin merecerlo, también  reciben aumentos anuales superiores a la inflación, no obstante que no fueron unos “pobres políticos”. Y que varios han sido contratados, sobre todo por empresas a las que favorecieron desde el cargo. Acaba Calderón de ser contratado por la empresa Avangrid (obviamente con millonario sueldo, que se ha reservado publicitar), para asesorar al grupo español Iberdrola, en la producción de energías limpias –atracando a los mexicanos sobre cuyas propiedades colocan sus ventiladores–. Zedillo renunció a su pensión; pero cobra como profesor en Yale y en Citigroup. De 1988 a 1994, Carlos Salinas de Gortari cobró en el grupo Dow Jones (y ahora, con el peñismo, tiene facultades para nombrar funcionarios), y recibe dinero para sus gastos de expresidente y su escolta. La viuda de López Portillo está en la lista de pagos por pensión de su exesposo. Echeverría lo mismo.

Es abuso expresidencial recibir pensión y sus anexos, y con otra mano cobrar como asesores. El ex presidente panista: Felipe Calderón asesora a su esposa para la candidatura presidencial e ignoramos si recibe un sueldo. Y Salinas hace lo mismo, a control remoto, con la secretaria de Relaciones Exteriores, su sobrina. El reportero Misael Zavala (El Universal, 20 de julio de 2016) nos ha informado de las pensiones y otros gastos de esos expresidentes, a quienes se deberían retirar esos pagos, ya que tienen un empleo o hasta dos de los que reciben millonario sueldo; además, las empresas les facilitan todo para su desempeño como asesores. Y para que les gestionen acceso a la administración federal y de las entidades, con la llave mágica del tráfico de influencias. Si los Césares han de ser y no sólo parecer honrados, entonces el cesarismo representado Zedillo y Calderón debe estar en los recortes, ya que reciben sueldos de empresas extranjeras con los que aumentan sus millonarios patrimonios, que no reportan en sus “3 de 3” para saber con lo que cuentan esos ex presidentes del montón a quienes la Nación nada les debe.

Quiere esto decir que esos ex presidentes siguen participando del reparto del botín con cargo a la Nación; sin que éstos, junto con las élites gubernamentales y empresariales tomen en cuenta el creciente descontento social derivado de sus malos gobiernos y el abuso del poder privado y el público, que han agudizando la crisis económica y política en todo el país, tal y como narra el oaxaqueño: Joel Aquino Maldonado, al reportero: Arturo Cano (La Jornada, 19 de julio de 2016). Y es que están a la vista las inmensas fortunas obtenidas a la sombra de la corrupción en los cargos públicos, donde los empresarios tramitan contratos con los gobiernos municipales, los desgobernadores o con el Presidente de la República a través de sus miles de funcionarios de todas las dependencias federales; robando al pueblo impunemente. Es lo que, en suma, relata Joel Aquino Maldonado quien remata: “muchas comunidades (en Oaxaca) están al borde de un alzamiento, incluso armado”.

El relato es estremecedor. Dramáticamente trágico. La lucha de los maestros de la CNTE es, apenas, el pico del iceberg, del grave problema donde “todos los políticos, incluyendo al gobernador (Gabino Cué), han dejado sin respuesta los tres grandes pendientes de los pueblos indígenas: mejorar la educación, frenar la migración y recuperar la autosuficiencia alimentaria… no hay un sólo programa de los gobiernos federal ni estatal, para enfrentar estos tres problemas… estamos al borde de una catástrofe. No hay alimentos ni salud. El saqueo es una barbaridad. Y para colmo ya van a entrar las mineras… Eso es lo que está incendiando a Oaxaca”.

Y es debido a la corrupción del gobierno estatal y federal, que 13 mil comunidades oaxaqueñas no tienen más salida que levantarse en armas para exigir el cumplimiento de las demandas de la CNTE, como vanguardia del descontento generalizado que está a punto de estallar. Ya no hay más tiempo. El pueblo rural de Oaxaca no puede ni debe resistir pacientemente, como el resto de los mexicanos en los demás estados hartos de esperar que los gobernantes cumplan sus obligaciones. “En 1998, cuando se descentralizó el manejo de recursos municipales –refiere Aquino–, la corrupción se generalizó, pues de la mano de los dineros llegaron los contratistas, siempre ligados al PRI, para apoderarse de las obras, encarecerlas y hacer partícipes de los diezmos (los sobornos) a los alcaldes y autoridades locales”.

Las dependencias oaxaqueñas y federales en complicidad con los empresarios, están dedicados al saqueo para empobrecer más a las comunidades que están “al borde de la lucha armada, por tanta corrupción y por incapacidad del gobierno”. Esa es la radiografía de Joel Aquino Maldonado sobre un país que hierve por el descontento de tanta pobreza y tantos rateros, entre los que se cuentan esos ex presidentes pensionados millonariamente por haber contribuido a dejar al país en ruinas.

Álvaro Cepeda Neri

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