Catástrofe del 19 de septiembre, por negligencia gubernamental

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Si una palabra pudiera resumir lo ocurrido el pasado 19 de septiembre, cuando a las 13:14 horas más de 302 personas perdieron la vida a causa del desplome de sus escuelas, viviendas, oficinas o trabajos, quizá sería negligencia.

Su significado –“falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación”– puede referirse al antes y al después. Y, sobre todo, puede designarse a los responsables, por no decir culpables, de esta terrible tragedia que enluta a México.

En esos responsables está, en primer lugar, el gobierno en sus tres niveles y en sus tres poderes. En segundo lugar, la antiética iniciativa privada, sobre todo la del sector inmobiliario que corrompe autoridades para construir deficientemente en zonas prohibidas.

En ese antes se ubica la falta de observancia tanto del gobierno como de los desarrolladores a las normas mínimas de seguridad para la construcción de edificios, lo que contribuyó sin duda al colapso masivo de edificaciones en la Ciudad de México y en otras ciudades afectadas.

Autoridades e iniciativa privada también incurrieron en falta de diligencia en la aplicación de protocolos para verificar las normas de protección civil, que derivaron en casos tan dolorosos como el del colegio Enrique Rébsamen y el Tecnológico de Monterrey.

Por eso es urgente e irrenunciable que las escuelas, tanto públicas como privadas, se ubiquen en instalaciones seguras, pues según el Centro Nacional de Prevención de Desastres México es un país de sismos y eso ha quedado demostrado.

En ese mismo antes están las autoridades que conocen las vulnerabilidades del país, empezando por los aparatos de inteligencia civil (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y militar. Aunque éstos conocen a la perfección las zonas más críticas para los diversos desastres que pueden provocar los fenómenos naturales, han sido incapaces de generar protocolos para evitar la tragedia.

Los mapas generados por la autoridad federal revelan el semáforo de las catástrofes: en rojo figuran las áreas más susceptibles a padecer sismos, inundaciones, ciclones tropicales, inestabilidad en laderas, tsunamis, erupciones volcánicas, heladas, sequías y hasta derrames químicos y desastres provocados por el ser humano. Luego están las zonas amarillas y verdes, con menor grado de vulnerabilidad pero no por ello a salvo.

Esos mismo aparatos de inteligencia ocultaron las herramientas de espionaje que han adquirido este sexenio y que habrían sido muy útiles en la tragedia, como los aparatos que miden la actividad térmica y podrían haber revelado cuántas personas con vida había en cada inmueble siniestrado y, sobre todo, su localización.

En el antes también está la previsión de cuadrillas de rescate especializadas en desastres. Y esto nos lleva al después, porque en algunos lugares la autoridad tardó en llegar hasta horas, cuando lo que se requería era la inmediata acción de búsqueda y rescate profesional.

Las primeras horas son cruciales para la vida de las personas atrapadas en los escombros.

En ese después también estuvo –a las 48 horas de ocurrido el sismo– la pretensión de la autoridad de meter máquinas en edificios devastados donde familiares aún buscaban a sus desaparecidos, algo que acababa definitivamente con la esperanza de rescatarlos con vida.

Para esta tragedia otra palabra que cabe es el dolor. Un dolor profundo que México vivió apenas unos 12 días antes, al igual que hace ya 32 años. Nuestro pueblo está herido y lo que ha pasado no lo podemos perdonar.

Nancy Flores

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