LA VIOLENCIA ES DEL ESTADO

 

Alberto Híjar Serrano

 

La máxima autoridad jurídica de México, ha declarado inexistentes e inválidas las controversias sobre la Ley de Seguridad Nacional. El presidente de la Suprema Corte de Justicia no encuentra contradicciones con la Constitución General de la República por lo que los reclamos de organizaciones y partidos políticos como el PRD y el Partido del Trabajo, son inexistentes. Avala así la tesis fundamental de los Estados burgueses de considerar la violencia político-militar como derecho exclusivo del Estado. De la violencia económico-política mejor es ignorarla pues o resulta intrínseca a la esencia humana o la acumulación capitalista no puede ser de otra manera que violentando y desprotegiendo a los pobres.

Esta es la ley que hace inútiles los pactos de civilidad y las “recomendaciones” de las oficinas de protección de los derechos humanos, satisfechas cuando se ofrece alguna disculpa pública por alguno de los crímenes de Estado. La impunidad resulta así, derecho inapelable de los altos funcionarios que generosamente reducen los escarmientos a castigos insignificantes de los ejecutores criminales. Una cadena de mando implacable es mellada por alguna licencia disculpable de policías, oficiales y comandantes militares que responden a la oferta de plata o plomo aceptando la protección de los criminales con la consiguiente participación mínima de sus ganancias. Nada de esto tiene solución voluntarista sino responde a la necesidad de proteger la acumulación capitalista con los vicios reunidos y legalizados a lo largo y a lo ancho de su historia. Es cierta la broma obscena de aceptar el muro de Trump siempre y cuando impida el trasiego de drogas para los yanquis que forman el contingente más grande de viciosos en el mundo. Los cultivos de amapola en Sonora y Chihuahua, herederos de los plantíos para la soldadesca yanqui de la Segunda Guerra Mundial, existen gracias a su vigilancia militar por aire, tierra y agua.

Pero la globalización de los crímenes capitalistas apoyados en reformas constitucionales, exigen ahora un control de exterminio de toda resistencia popular profunda, lo mismo con el encarcelamiento de rehenes como Samuel Ramírez que ha cumplido su mayoría de edad en la cárcel de Chilpancingo acusado de portar una vieja escopeta para capturar a una banda de criminales como miembro de la Policía Comunitaria de la CRAC, legal según la ley 701 de Guerrero, sin testigo alguno de sus inexistentes secuestros y que el fiscal de Guerrero Xavier Olea se niega a reconocer como tales. La matanza de funcionarios municipales, algunos periodistas y dirigentes de organizaciones denunciantes, alcanzan cifras escandalosas que hacen de México un país de alto riesgo especialmente en Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, la otrora pacífica Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Chiapas. Más de medio país sufre de violencia incontrolable por el Estado que se niega a reconocer las organizaciones comunitarias en defensa de sus derechos.

El tránsito de un año al otro es de reproducción de la masacre en Acteal de hace 20 años. La impunidad sigue y los mismos paramilitares gozan de protección militar y policiaca auspiciada por los caciques locales. Un año antes de Acteal, la masacre fue en Polhó y ahora en Chalchihuitán despojado de su tierra-territorio-terruño en beneficio de los explotadores de Chenalhó. Las cuentas del cura de Chalchihuitán, Sebastián Pérez, del sacerdote Marcelo Pérez, de la Pastoral Social y de Rodrigo Aguilar el obispo, dicen que van doce muertos pero en realidad no sabemos cuántos niños y ancianos han muerto de hambre y frío además de los que han sido balaceados. En Michoacán, en Tijuana y en el Día de Reyes en Cacahuatepec, Guerrero, donde han sido asesinados doce opositores a la extracción de arena del río Papagayo, los crímenes de Estado ocurren por necesidad capitalista: la tierra como mercancía en disputa, los materiales para la construcción mercantil, los desplazamientos forzados de poblaciones estorbosas, todo en eso que el gobierno de Peña llama Zonas Económicas de Desarrollo Especial. El proyecto de destrucción comunitaria con todo y la violencia asociada al tráfico de drogas, metales de las minas, contrabando oriental, instalaciones turísticas devastadoras y protección a los grandes consorcios mercantiles, son necesidad económico-política exigida de protección militar y policiaca con o sin leyes de por medio. Pero el Estado previsor ha legalizado la impunidad militar mientras el pantano electoral oculta los crímenes y promueve la democracia imposible.

8 enero 2018

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