TERRORISMO DE ESTADO

Alberto Hìjar Serrano

 

Siete artículos de Pedro Echeverría están disponibles en las redes para quien necesite saber del asesinato de Efraín Calderón Lara “El Charras” cuyo cuerpo apareció masacrado luego de su secuestro cuando se dirigía a una reunión sindical con un grupo de compañeros. Fue violentamente bajado del automóvil pese a sus acompañantes. Procuraba no andar solo porque sus trabajos sindicales molestaban al gobernador ultraderechista Loret de Mola. El investigador Echeverría narra las diferencias entre Loret y el gobierno demagógico de Luis Echeverría. El Charras no estaba ni con uno ni con otro sino con los trabajadores y había logrado el milagro de articular sus luchas y poner en alerta a los universitarios. La prensa reaccionaria y los patrones afectados, alimentaron el encono oficial. El jefe de la policía y los sicarios torturadores y asesinos, fueron responsabilizados por el gobernador regañado por el Secretario de Gobernación Moya Palencia a quien aseguró su inocencia en el asesinato. Los culpables acabaron en la cárcel en donde les facilitaron su fuga. Caso cerrado igual que el misterioso accidente carretero que le costó la vida a Loret cuando ya no era gobernador. Entre omisiones, complicidades e impunidad transcurre el terrorismo de Estado.

Miguel Ángel Granados Chapa escribió en Excélsior la comparación entre el asesinato de El Charras y el secuestro y desaparición forzada de Alberto Híjar el 14 de febrero de 1974. Como respuesta a las decenas de denuncias y exigencia de presentación del profesor universitario, funcionario medio de la Secretaría del Trabajo, la PGR lo instaló en los separos que estaban en la calle de Valerio Trujano a un costado de la Alameda Central. De ahí fue llevado con once secuestrados en Monterrey a la cárcel de Lecumberri donde fue sentenciado por el único delito de conspiración lo cual permitió su libertad bajo fianza tramitada por el abogado de presos políticos Enrique Ortega Arenas movilizado por Angélica Arenal, la viuda de Siqueiros muerto el 6 de enero de 1974, con la presunción de que sus relaciones con el pintor comunista eran la causa del operativo policiaco, jurídico a partir de la ilegalidad del secuestro y la tortura, según se supo públicamente cuando el profesor salió de Lecumberri con las rodillas destrozadas, una herida en un brazo y golpes contusos en el tórax. Fue evidente el terrorismo de Estado por la articulación entre el grupo paramilitar al mando de Miguel Nazar Haro apoyado por el ejército y las policías. De la casa de la Brigada Blanca en la Circular Morelia entre Avenida Chapultepec y la calle de Puebla, el grupo fue conducido a los separos de la PGR. La complicidad es evidente y jueces y médicos lo saben y actúan en consecuencia como en las revisiones físicas que tomaron nota de los cuerpos sin heridas ni huellas de tortura. En el centro de tortura clandestino y en los separos fue registrada una declaración de Híjar preparada por escrito y firmada ante las amenazas a él y a su familia y por la ilusoria creencia de que las confesiones forzadas no tienen valor jurídico.

El escándalo entre los trabajadores de la cultura fue por la aparición del nombre de Híjar en un papel encontrado en la casa de Nepantla donde fueron masacrados cinco compañeros y los dos sobrevivientes fueron torturados para ratificar su militancia en las Fuerzas de Liberación Nacional, organización desconocida para la seguridad del Estado. Las fuerzas criminales del Estado fueron guiadas a la casa de Nepantla por la pareja sorprendida en una casa de seguridad de las FLN en Monterrey el 13 de febrero. Esa noche un tren fue atacado en Xalostoc con la muerte de los soldados que lo custodiaban y con la firma sin terminar en un vagón de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Las torpes policías creyeron que la casa de Nepantla era de esta organización. En su revista Injusticia los Ortega Arenas se burlaron de las policías y el juez Ferrer Macgregor, especialista destinado para sentenciar a presos políticos que no advirtieron que entre Nepantla y Xalostoc hay como cien kilómetros y que el cargo de conspiración que significa organizar en concierto no era aplicable a Híjar porque entre los once de Monterrey y él no había relación probada alguna. Pero el cargo fue suficiente para la libertad bajo fianza en espera de sentencia definitiva y la obligación de firmar semanalmente en el juzgado. Largos años transcurrieron hasta el siguiente sexenio para declarar primero la disolución de cargos por la PGR y luego la amnistía que liberó a más de cien presos políticos incluyendo extranjeros como Adolfo Gilly, amenazado como otros de deportación a Argentina dominada por una feroz dictadura militar. Logró salir a Italia donde adquirió fama como escritor político que en México publicó México: la revolución interrumpida escrito en Lecumberri para ganar la solidaridad que lo hizo libro de texto de los bachilleratos.

“Los primeros” llaman los zapatistas de Chiapas a los nueve combatientes de las FLN, incluyendo a Elisa Irina Sáenz Garza quienes fueron perseguidos en la selva y las cañadas hasta su exterminio. Se sabe que ella y el yucateco del grupo, el universitario Raúl Pérez Gasque, sobrevivieron heridos y fueron trasladados al Campo Militar 1, reconocida tumba de numerosos presos políticos. Nunca dejarán entrar más que a uniformados y gente del gobierno para ver las instalaciones carcelarias. Seguridad nacional, llaman los criminales de Estado a la protección de las instalaciones militares y las pruebas de sus participaciones contra los movimientos populares que a nadie dejan ver, ni siquiera a las instituciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Por ejemplo, a la mujer responsable de los videos de Iguala en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 se le perdieron, la funcionaria ni siquiera perdió su cargo. De aquí la pertinencia histórica de la denuncia, el escrache que hicimos el 14 de febrero de 2017 frente al centro de tortura de la Circular Morelia que fue luego oficinas del negocio de policías privados de Nazar y su hijo del mismo nombre y ahora es oficina policiaca, lo cual evidencia la relación operativa entre la legalidad aparente y la ilegalidad terrorista propia de un Estado urgido de reprimir el creciente descontento popular.

9 febrero 2018

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